El tratamiento del litio se realizará, por ley, dentro de Extremadura, tal y como se comprometió Vara

El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto-ley por el que se establecen medidas urgentes para regular el aprovechamiento de los recursos minerales de litio en Extremadura, al tiempo que se acuerda su remisión a la Asamblea de Extremadura para su posterior convalidación.

Mediante esta nueva norma, se declara de interés general el aprovechamiento de los recursos minerales de litio, existente o potencial, en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

De esta manera se cumple uno de los compromisos anunciados por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en el Debate sobre el Estado de la Región que tuvo lugar los días 5 y 6 del pasado mes de julio.

La declaración de interés general implica que el otorgamiento de cualquier concesión de explotación de los recursos minerales de litio en Extremadura estará vinculado y condicionado al cumplimiento de la obligación de que el tratamiento y beneficio metalúrgico y mineralúrgico de los recursos de este mineral se realicen necesariamente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Los recursos minerales de litio comprenden el conjunto de actividades necesarias para obtener hidróxido de litio, o un compuesto útil de litio similar, siendo una de sus principales aplicaciones, entre otras, la fabricación de baterías.

La declaración de interés general conlleva la declaración de utilidad pública e interés social a los efectos expropiatorios de los derechos e intereses patrimoniales legítimos derivados, en su caso, de las concesiones de explotación de los recursos minerales de litio cuyos titulares incumplan la obligación de realizar el tratamiento y beneficio metalúrgico y mineralúrgico de los recursos de este mineral en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por otra parte, el decreto-ley será de aplicación a los procedimientos de explotación de los recursos mineros de litio que a la fecha de entrada en vigor del decreto estén en trámite y no resueltos.

En este sentido, esta medida afecta a todos los expedientes que están en marcha, ya que hasta el momento a ninguno de ellos se le ha otorgado la concesión de explotación.

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